La Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Jesús León, pondrá en marcha próximamente el proyecto para la ejecución de las obras de ensanche de la carretera FV2, en el tramo comprendido entre el cruce con la FV50, que es el desvío hacia Antigua que se encuentra a la altura de Pozo Negro, hasta el cruce de entrada a Gran Tarajal. La propuesta de adjudicación de la primera fase de esta obra fue aprobada en la mesa de contratación del Cabildo de Fuerteventura que esta mañana se desarrolló bajo la presidencia de Domingo Fuentes, recayendo en la presentada por la empresa Cororasa SL, con un montante de 1.666.979 euros.
Este primer tramo llega desde el cruce de Antigua hasta el límite del espacio natural, “el Gobierno de Canarias también aprobaba estos días la declaración de impacto ambiental del resto del tramo, que tiene unos requisitos medioambientales específicos, pero que ya nos permitirá continuar con la segunda fase de la obra hasta Gran Tarajal”, explicó Jesús León, y para el que está previsto destinar 1,4 millones de euros.
La obra es continuación de la que ya se hizo previamente en el tramo del Aeropuerto hasta Caleta de Fuste, consiguiendo una mejora notable en la seguridad vial, y que luego continuó desde Caleta de Fuste hasta el cruce de Antigua con la FV50. “Este último tramo de carretera antes de la actuación era uno de los que registraba mayores índices de siniestralidad, sin embargo la obra realizada ha sido un éxito total que ha repercutido en la disminución de accidentes en la zona”.
Esta primera fase del proyecto de ampliación incluye además la construcción de un acceso en “T”, con un carril de espera, en el acceso a la Granja de Pozo Negro, y una rotonda de acceso a la zona de Tequital. Además, se ampliará el ancho de toda la calzada instalando arcenes de 1-5 metros de anchura en cada lado de la carretera. “En general, a lo largo de los 16 kilómetros en los que se plantea el ensanche de la carretera se mejorarán también los distintos accesos existentes. Todo ello, con un plazo máximo de ejecución de los trabajos estimado en 15 meses, contabilizados a partir de la firma del contrato.